Todo lo que saber sobre la nueva ley de DDJJ

En la Oficina Anticorrupción (OA) se viven momentos de incertidumbre. Es que, la nueva ley que propone que las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios de los tres poderes del Estado se suban a Internet, no deja en claro qué rol tendrá el organismo de aquí en más. Temen que no contarán con todos los datos para investigar las dos cuestiones que son su principal blanco: el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses con la función pública.

«Tememos que con la información disponible que estipula la nueva ley, no se pueda investigar, que se pierda la razón de ser de la oficina», manifestaron desde los pasillos de la entidad a LA NACION. «Pueden destruir a un organismo que, aunque perfectible, ha funcionado bien. No sabemos qué va a pasar, pero no no queremos transformarnos en data entry», agregaron.

CAMBIOS

La Oficina Anticorrupción es, hasta ahora, la encargada de recopilar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Intima a quien no cumpla con esa presentación e investiga posibles irregularidades en la evolución patrimonial de, entre otros, la Presidenta y sus ministros. Cualquier ciudadano puede requerir esos documentos con un trámite sencillo, de manera personal.

La nueva ley de «Carácter público de las declaraciones juradas», que forma parte del paquete de la reforma judicial impulsada porCristina Kirchner, todavía no fue reglamentada y deja muchas dudas.

En principio, permitirá que la ciudadanía acceda a las declaraciones juradas a través de Internet e incluirá a los legisladores y a los jueces entre quienes deban ser observados. Los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial ya estaban obligados por la Ley de Ética pública a presentar sus DDJJ, pero su acceso era más engorroso.

La nueva ley, no obstante, introduce una modificación clave: el cambio de formulario de la declaración jurada. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción, sino que, según el texto del proyecto, los informes «serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)».

En la OA todavía no saben si se tratará del formulario de Bienes personales o el de Ganancias, ni con cuáles datos contarán. «Dependeremos de la buena voluntad de la AFIP», dijo a LA NACION un trabajador de la OA.

Otro funcionario de carrera del organismo, más cauteloso, observó: «Por ahora solo hay incertidumbre porque no sabemos qué información vamos a recibir. Si vamos a tener toda la información que tiene la AFIP, no habrá problema. Pero si es sólo el formulario que se imprime con una cifra final del balance patrimonial, sin los detalles, no vamos a poder desarrollar la tarea de control».

LA NACION intentó comunicarse con el titular de la OA, Julio Vitobello, para consultarle cómo serán los nuevos métodos de trabajo en sus oficinas, pero no obtuvo respuesta.

MENOS DATOS DEL PATRIMONIO

El diputado de la UCR y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido alertó sobre las posibles consecuencias de la nueva ley. «No podrá conocerse la totalidad de los bienes de ningún funcionario y por lo tanto tampoco estarán a disposición los datos para saber qué incremento patrimonial tiene», señaló a LA NACION.

«Le ponen nombre de transparencia a un sistema que en la realidad va a recortar la publicidad del patrimonio de los funcionarios», aseguró. Y ejemplificó: «Con estos formularios, por caso, no nos podríamos enterar del préstamo que de 8 millones y medio que Lázaro Báez le hizo al ex presidente Néstor Kirchner».

Desde la OA, quienes son escépticos, también señalaron a LA NACION, que habrá mucha la información inaccesible a partir del cambio de modalidad. «En el formulario de la AFIP no figuran lostrabajos anteriores o actuales, con lo cual no se pueden analizar incompatibilidades o conflictos de intereses», señaló otro empleado con preocupación.

«De los bienes inmuebles, se sabrá el valor fiscal, pero no el origen del dinero con el que se adquirió ese bien. En el caso de las sociedades, tampoco se conocerán el porcentaje de acciones que tienen, ni cuál es el valor de esa participación», explicó.

«Tampoco estarán los datos de los cónyuges,ni de los hijos no emancipados. Los funcionarios podrían poner todos los bienes a nombre de sus parejas e imposibilitar controlar la evolución patrimonial», agregó.

EL «ANEXO RESERVADO»

Respecto de los bienes a nombre de familiares, la nueva ley habla de un «anexo reservado» y señala: «Las declaraciones juradas públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a los funcionarios, su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados».

Es decir: los datos del núcleo familiar que hasta ahora estaban abiertos en el formulario de la OA, pasarán a formar parte de un «reservado» que no estará disponible en Internet.

¿Quién podrá acceder a ese sobre? Hasta ahora, por ley, sólo lo pueden hacer los jueces o el titular de la OA por decisión fundada del ministro de Justicia. De hacerlo, hay que comunicárselo al funcionario.

«En la práctica, acceder al reservado no es un procedimiento habitual y se requiere debida justificación para abrir esa documentación. Ahora, va a ser mucho más difícil saber si utilizarán a los parientes como testaferros», señalaron a este medio desde la OA.

Y concluyeron: «Deberíamos seguir funcionando, estamos a la espera de la reglamentación. Ojalá recibamos la información. Por ahora, reina la incertidumbre».

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/