En noviembre del año pasado, el gobierno presidido por Cristina Kirchner tomó la decisión de dejar «sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas» dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando que «el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno” lo cual “redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía».
Aun así, el gobierno tuvo que hacer la salvedad de que la decisión no abarcaría los decretos referidos a «aspectos en los cuales la propia subsistencia del Estado y la necesidad de evitar o disminuir riesgos a que puede estar sujeto imponen la necesidad de restringir su conocimiento en materias relacionadas con defensa nacional, seguridad interior o política exterior».
Y en efecto los documentos revelados hasta ahora –firmados por Arturo Frondizi, Juan Perón e Isabel Perón, entre otros- muestran que el secreto estaba fundamentalmente referido a cuestiones de defensa nacional.
Los últimos decretos publicados por el Boletín Oficial abarcan los años 1973 y 1974 y se refieren esencialmente a autorizaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento para las fuerzas armadas o medidas de reorganización de la estructura del ministerio de Defensa (cambios en su organigrama por atribución de nuevas funciones), entre otras decisiones.
Por ejemplo, dos de los decretos fijan la fecha de incorporación de la clase 1953 y 1954, respectivamente, al servicio militar obligatorio vigente en aquel tiempo. Era usual que el dato de la cantidad de tropa que se destinaría a cada arma fuese secreto, por tratarse de información referida a la defensa nacional.
Los otros decretos secretos y reservados están referidos, en su mayoría, como se dijo, a la adquisición de equipo para las fuerzas armadas: dos aviones Hércules C 130 (a la firma Lockheed), que sirvieron por muchos años, dos Fragatas (Destructores T-42),que, según los expertos, representaron un importante salto cualitativo, importación de material bélico no precisado por un monto de dinero fijado, equipos de comunicaciones y un sistema de radarización para el control del contrabando.
Pero más llamativa aún es la presencia de varios decretos que autorizan a Fabricaciones Militares a exportar de armamento, mayormente municiones, pero también pistolas Browning y carabinas (estas últimas ya sin uso militar, vendidas a empresas civiles, posiblemente para caza mayor), lo que habla de la existencia de una industria del rubro bastante desarrollada.
Eran otros tiempos, sin duda. La Argentina fabricaba pistolas Browning y munición 9 mmque podían competir a nivel mundial. Los destinos de estas exportaciones son también indicio de la distancia que nos separa de aquella época: Chile y Nueva Zelanda, pero también Canadá e incluso Estados Unidos.
Asimismo, el decreto secreto 1832, del 11 de diciembre de 1974, firmado por Isabel Perón, declara “de interés nacional, a los fines previstos en el artículo 11 de la ley Nº 15.273, las inversiones, obras y adquisiciones para el desarrollo del proyectil balístico sin vaina residual INRO”.
Aunque a la luz de la actualmente bajísima inversión en este rubro, estas decisiones puedan impresionar y hasta despertar un sentimiento de nostalgia, estos decretos representan apenas una muestra de reequipamiento básico, incomparable con el nivel de compras de armas que en el mismo período estaban haciendo países vecinos como Chile o Brasil.
Fuente: http://www.infobae.com