¿Qué dice la Facultad de Derecho sobre la reforma judicial?

La reforma judicial que comenzará a ser debatida este miércoles en el Congreso de la Nación continúa generando reacciones de la comunidad académica. A las críticas de abogados y jueces se sumó ahora la visión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una de las casas de estudios más importantes del país.

«Los proyectos presentados contienen elementos preocupantes, que es importante debatir«, es el encabezado del análisis pormenorizado realizado por la Facultad en donde se forman la mayoría de abogados y -posteriormente- jueces de todo el país.

En una declaración del Consejo Directivo, la unidad académica hizo hincapié en el proyecto que limita las medidas cautelares que -a su entender- «apunta más a custodiar los intereses del Estado que a tutelar los derechos de las personas«.

Además, indica que el texto propuesto por el Poder Jecutivo «no asume una perspectiva de derechos humanos, que hoy es esencial para toda legislación democrática y, por ello, desconoce las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos con rango constitucional”.

El escrito señala que la norma impulsada por el Gobierno ataca los síntomas de un problema real, pero no las causas y asegura que las medidas cautelares hoy se extienden excesivamente porque los procesos judiciales son demasiado largos, lo que conlleva una masiva denegación de justicia, que generalmente perjudica a las personas y grupos más vulnerables”.  “Es urgente abrir una reflexión sobre cómo agilizar estos procedimientos y cómo brindar soluciones justas a los problemas de la ciudadanía”, reflexionó.

“El proyecto perjudica a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por otros seis)cuando los procedimientos judiciales duran en general varios años. El problema es que la idea misma de las medidas cautelares es que duren mientras dure el proceso, si no, no tienen sentido”, completó.

En la tarde del martes, el CELS también planteó algunas objeciones frente a este proyecto en un plenario que se realizó en el Congreso y que incluyó un fuerte cruce con un funcionario del gobierno nacional.

Consejo de la Magistratura

La facultad cuya decana es  Mónica Pinto también se refirió al proyecto que prevé cambios en la conformación del Consejo de la Magistratura. A su entender, el texto que se discute en el Poder Legislativo “remueve la necesidad de mayorías agravadas para ciertas decisiones relevantes».

«A partir de la reforma, todas las decisiones podrían ser adoptadas por mayorías absolutas, esto es, por la mitad más uno de los votos. Esto implica avasallar la pluralidad de voces del órgano”, planteó.

La Universidad explicó que “la exigencia de mayorías agravadas (2/3, por ejemplo) incentiva la búsqueda de acuerdos». Y en tal sentido «el compromiso con la democratización no puede reducirse a un sistema electoral«.

«La democracia es centralmente también diálogo, consenso y compromiso. Con este proyecto se erradica toda semilla de consenso en el gobierno del Poder Judicial. Esto se agrava dado que la fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos en las elecciones directas de consejeros obtendrá automáticamente la mayoría absoluta en el Consejo”, continuó.

Cámaras de Casación

Sobre la creación de nuevas cámaras de casación, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA resaltó que “extiende los procedimientos judiciales, dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos lo que resulta contradictorio con los fundamentos expuestos en el proyecto sobre medidas cautelares donde se observa que los procedimientos duran demasiado”.

“Nuestro conocimiento sobre la organización y las estructuras judiciales promueve formas horizontales que sólo diferencian los roles que resultan de la satisfacción de la garantía de doble instancia plena”, continúa. Y advierte “con preocupación la creación de nuevas instancias que facilitan la injerencia de otros poderes sobre las decisiones de aquellos que circunstancialmente quedan sometidos a su arbitrio durante la tramitación de sus concursos».

Por todo esto, la Facultad se ofreció como ámbito de debate para analizar más detenidamente la reforma del Poder Judicial y convocó a toda la comunidad a realizar las contribuciones académicas que consideren pertinentes.

Fuente: http://www.infobae.com/