Los cambios en YPF tras la renacionalización

Junto con la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, la ley aprobada anoche le otorga al Gobierno “carta blanca” para que transforme las reglas de juego del negocio petrolero mediante un mayor intervencionismo estatal.

1 La ley declara de “interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina” no solo el “autoabastecimiento energético”, sino todas las actividades vinculadas con “la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”. Además determina que el Poder Ejecutivo “fijará la nueva política hidrocarburífera” que se regirá por ocho principios generales que cubren todos los aspectos, desde el empleo y la protección de los consumidores hasta la incorporación de nuevas tecnologías y la integración de alianzas estratégicas. Así, todos los segmentos operativos y comerciales del petróleo, el gas y los derivados quedan a tiro de cambios regulatorios que se decidan por decreto o resolución.

2 Establece la expropiación del 51% del acciones de YPF y de YPF Gas que pertenecen a Repsol. A su vez, el total de las acciones expropiadas se distribuirán de la siguiente manera: 51% para el Estado Nacional y el 49% restantes para las provincias productoras de hidrocarburos . Hasta que se concrete la cesión y el pago de las acciones por parte de las provincias, la Nación tendrá el control de la empresa.

3 Transitoriamente YPF está manejada por una intervención que encabezan el ministro de Planificación, Julio De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Si el Gobierno se ajusta a lo que marca ley, la nueva YPF tendrá una “gestión profesionalizada” y será administrada siguiendo “las mejores prácticas de la industria y el gobierno corporativo y preservando los intereses de los accionistas”. Por ahora este objetivo parece lejano porque la mayoría de los que desembarcaron en YPF son funcionarios de ENARSA – como su titular Exequiel Espinosa, de opaca gestión – y técnicos de Economía que de la mano de Kicillof ingresaron al Estado en los últimos meses.

4 Uno de los puntos más conflictivos será el precio a pagar por la expropiación . Desde el Gobierno ya partieron señales de que no pagarán ni un solo peso. Repsol, por su parte, adelantó que reclamará US$ 10.500 millones. Todo indica que habrá varios y prolongados juicios en tribunales locales e internacionales.

5 Con la anuencia del kirchnerismo que permitió en los últimos años el reparto extraordinario de dividendos para pagar el ingreso del grupo local Eskenazi, YPF enfrenta actualmente una complicada situación. Entre 2004 y 2011, su producción petrolífera cayó un 33% y la gasífera, un 38% . Las reservas también se vinieron abajo: las de crudo, un 30% y las de gas, un 49%. Para revertir la tendencia negativa y recuperar el autoabastecimiento energético, ahora el Gobierno debería invertir – según los especialistas – US$ 20.000 millones en los próximos cuatro años. El interrogante es de donde saldrán esos recursos para poner en valor las prometedoras reservas de “shale oil y shale gas” de Neuquén. Según la ley, la nueva YPF acudirá al financiamiento externo y a “asociaciones estratégicas” con otras petroleras. Pero, para que eso se haga realidad, el Gobierno tendría que sincerar los valores internos de los combustibles , reconocer los precios internacionales de gas y petróleo y no trabar el giro de utilidades. Tres cambios que van a contramano del “modelo” desplegado hasta ahora.

Fuente: http://www.clarin.com