Escándalo en Brasil por juego ilegal entre políticos

El Quinto Tribunal de Brasilia ordenó bloquear todos los bienes y las cuentas bancarias de Carlos Augusto Ramos, conocido como «Carlinhos Cachoeira«, y de otras seis personas que supuestamente pertenecen al mismo grupo mafioso.

Las investigaciones de la policía y las dimensiones que parecen tener los tentáculos de ese grupo han llevado al Congreso a abrir una comisión especial para esclarecer el caso, pues se sospecha que Ramos habría corrompido a decenas de políticos que le facilitaban sus actividades.

Por sus supuestos vínculos con «Cachoeira», el Senado también inició un proceso para analizar la pérdida del mandato del legislador Demóstenes Torres, quien, según escuchas telefónicas hechas por la policía, participaba en muchos de los negocios del juego ilegal.

Las escuchas también salpican a los gobernadores del Distrito Federal de Brasilia, Agnelo Queiroz, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y del estado de Goias, Marconi Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Gracias a las conversaciones grabadas se confirmó que también estaría involucrada la empresa constructora Delta, adjudicataria de millonarios contratos en Brasil, y en especial Río de Janeiro, ciudad clave en el próximo Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos de 2016.

Según sospechan las autoridades, Delta servía para blanquear parte del dinero obtenido por la mafia de «Cachoeira» y se valía además de sus contactos políticos para obtener ventajas en las licitaciones públicas.

Tiene 195 contratos con el Estado, todos con cifras multimillonarias, tanto a nivel federal, estadual y municipal, y se confirmó que para conseguir esos contratos se valió de las «ayudas» brindadas a los políticos involucrados.