El gobierno de José Mujica prevé comenzar a plantar marihuana en septiembre tras la aprobación de la ley que regulará la producción y venta de cannabis, dijo a la agencia Reuters una fuente oficial. Su cosecha se realiza seis meses después de plantada, por lo que estaría lista para comienzos del año próximo.
Mujica anunció el miércoles que legalizará la comercialización de marihuana dentro de un plan de 15 medidas para combatir la inseguridad. La normativa deberá ser aprobada por el Congreso, donde el gobernante Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras.
El Estado dijo que canalizará la distribución mediante comercios privados controlados. El Gobierno, además, aseguró que su idea no es obtener ganancias de este negocio, aunque prevé gravar la venta y destinar los impuestos a la rehabilitación de adictos.
«Regulando de la forma que estamos proponiendo el mercado de la marihuana, vamos a lograr socavar el desarrollo a futuro del mercado de otras drogas», dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, que agregó que la regulación permitirá controlar la calidad de la droga consumida, algo que no es posible realizar actualmente. Dijo, además, que la producción podrá servir para elaborar medicinas oncológicas.
El consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay. Uruguay prevé imponer un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona, a través de un registro que buscará evitar el «narcoturismo» y el mercado negro. No se entregará a extranjeros.
«La idea es que solo se le venda a nacionales, algo por lo que Holanda ha desandado parte de su camino después de muchos años de dificultades con países de su región», expresó Calzada.
La propuesta fue bien recibida por activistas a favor de la legalización del cannabis, aunque éstos consideraron que el contexto no es el más adecuado. «Nos parece criticable que esta medida haya sido presentada en el marco de un paquete general de seguridad. Para nosotros la legalización de la marihuana es un ataque directo al narcotráfico, que se sustenta en la política prohibicionista que incluso los EEUU reconoció que ha fracasado», dijo Martín Collazo, integrante de la organización Prolegal.
Sectores de la oposición están en contra de la medida anunciada. La diputada Ana Lía Piñeyrúa, del derechista Partido Nacional, dijo que existen «enormes dudas de cómo se va a instrumentar» la legalización. «La sola idea a nosotros, y a mí en particular, me provoca rechazo. (…) No soy partidaria de liberalizar la comercialización porque si no hemos podido controlar otras cosas, menos vamos a poder controlar esto», dijo.
La parlamentaria añadió que tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el ministro del Interior de Venezuela, Tareck el Aissami, han pedido que Uruguay no tome una medida unilateral de esta naturaleza porque el narcotráfico se debe combatir a escala regional.
Fuente: http://america.infobae.com