Conoce los gobernadores que no dan a conocer su patrimonio

«Yo quisiera que alguien me explicara el crecimiento patrimonial de los Kirchner». Con esa frase, el actor Ricardo Darín generó, tal vez sin quererlo, una airada reacción de la Presidenta que encendió el debate respecto de la información disponible de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Cristina Kirchner mostró su enojo con el actor en una dura carta en la que también apuntó sus dardos contra el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quién le reprochó atesorar parte de sus ahorros en dólares. Pero el mensaje de la jefa del Estado fue más allá de los límites del conurbano bonaerense y de las cuentas bancarias del mandatario: «Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de ‘Los Kirchner (sic). Sólo se conocen fotos de las casas en que vivíamos nosotros, y ahora habito solamente con mi hija».

Las declaraciones juradas de la Presidenta y de todo el gabinete están disponibles para cualquier ciudadano, pero el acceso a la información respecto del patrimonio de los gobernantes es al menos engorroso en 18 provincias del país.

Según un relevamiento realizado por LA NACION, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, La Rioja y Formosa no tienen ley de ética pública, a pesar de que esa norma [ la 25.188 ] se sancionó en el Congreso de la Nación a fines de 1999.

En una zona difusa se ubican las provincias de Jujuy, Chubut, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Cruz, San Luis, Corrientes y La Pampa. En esos distritos se realizaron avances, pero los mecanismos de transparencia no funcionan en la práctica por varios motivos. Pero principalmente porque la ley aún no está reglamentada o no se aplica.

¿Qué provincias se adaptaron a la legislación nacional? Córdoba, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco permiten un libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios.

En la ciudad de Buenos Aires cualquier persona puede gestionar la declaración patrimonial de Mauricio Macri y sus ministros ante la Escribanía General de Gobierno, según establece el decreto 1381. Sin embargo, la Capital no tiene una norma de ética pública. Desde Poder Ciudadano advirtieron que el proceso para obtener la documentación de los funcionarios porteños es «complejo y tedioso». «Hay que hacer una presentación por escrito, pedir una por una e insistir», contó Germán Emanuele, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la ONG.

Bajo llave

En la provincia de Buenos Aires está vigente el decreto 9624 que establece que los funcionarios deben presentar la declaración jurada al asumir y al finalizar su mandato. El ciudadano que quiera acceder a la información debe «acreditar un interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido».

Tras el reproche presidencial, el vicegobernador Gabriel Mariotto anunció que impulsará una norma para que los funcionarios, legisladores y jueces provinciales den cuenta de sus bienes.»La falta de una ley de ética pública en Buenos Aires, así como en otras provincias, es una deuda de cara a la sociedad», dijo, al tiempo que criticó a los distritos que «no han avanzado en materia de transparencia como la Nación».

«La falta de una ley de ética pública en Buenos Aires, así como en otras provincias, es una deuda de cara a la sociedad», dijo Mariotto

Otra de las provincias que no avanzó es Jujuy, donde la ley 5152 , que se sancionó hace trece años, aún no está reglamentada. La oposición al gobernador kirchnerista Eduardo Fellner denuncia que no se ha constituido la Comisión de Ética, el organismo de control que tiene a su cargo el régimen de declaraciones juradas, según establece la normativa.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y demás funcionarios locales entregan la documentación en un «sobre lacrado y firmado de carácter secreto», según fija el artículo 9 de la ley 3886, sancionada en 1953. Un proyecto de ley, que establece la obligación de presentar anualmente las declaraciones de bienes y prevé la publicación de la documentación en Internet, obtuvo media sanción hace más de dos años en el Senado, pero su tratamiento no prospera en la cámara de Diputados.

«Se necesita voluntad política y actitud proactiva. El conocimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios debe ser un principio básico de cualquier gobierno porque es fundamental que la ciudadanía pueda controlar que no se enriquezcan mientras gobiernan. El tema de las declaraciones juradas y de la ley ética pública es una demostración de la deuda pendiente en la Argentina en cuanto acceso a la información», explicó a LA NACION Emanuele, de Poder Ciudadano.

La documentación respecto del estado del patrimonio de los políticos también se encuentra bajo llave en Misiones. Los funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas ante el fiscal del Estado, pero esa información es secreta. Rápido de reflejos -al igual que Mariotto-, el mandatario Maurice Cross, alineado con el Gobierno, prometió adaptar la legislación local a la nacional tras la polémica desatada por las críticas de Darín a la Presidenta.

«Está claro que la tendencia indica que estos actos deben ser públicos. Las provincias debemos adaptar nuestras leyes al criterio federal. La publicidad de los actos de gobierno tiene en la publicidad del patrimonio de los funcionarios públicos su correlato lógico», manifestó en su cuenta de la red social Twitter.

Lo mismo ocurre en Mendoza donde no existe legislación que controle el ejercicio de la función pública. El gobernador Francisco Pérez y sus ministros debieron presentar una vez que asumieron las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno. Al igual que en Misiones y Entre Ríos, la documentación es secreta. En los últimos días, varios legisladores se mostraron a favor de que se trate un proyecto de ley que transparente la información.

En otro bastión del kirchnerismo, Santiago del Estero, donde gobierna el radical k Gerardo Zamora, rige la ley 6.784 que en su artículo 9 establece la obligación de los integrantes de los tres poderes de presentar las declaraciones juradas anualmente «en sobres cerrados y lacrados». El artículo 12 de la norma agrega que la información «tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta por solicitud escrita del declarante o sus sucesores, por decisión del juez competente o por requerimiento de la autoridad de aplicación». Es decir, no se encuentra disponible para los ciudadanos.

En Río Negro las restricciones también dificultan el acceso a la documentación. La ley 3550 fija que el Tribunal de Cuentas «deberá preservar la confidencialidad de los datos obrantes en las declaraciones juradas» con la excepción, entre otras, de un «requerimiento» de la Justicia. En tanto, el artículo 17 advierte que la publicación de los datos en el boletín oficial dependerá de la voluntad de los involucrados.

«Publicar la información es vital para el desarrollo democrático», concluyó Emanuele.

Fuente: www.lanacion.com.ar