Bangladesh: ¿Cuánto cuesta en realidad la ropa que usamos?

Tras la muerte en el mar del pescador Pascualet, su tía, atravesada por la tristeza y la indignación, clama contra los que regatean en las pescaderías y exclama: «¿Aún les parecía caro el pescado? ¡A duro debía costar la libra…!». La escena, inmortalizada en el famoso cuadro de Joaquín Sorolla en el que dos pescadores tratan de revivir a un compañero que ha sufrido un accidente, pertenece a la novela Flor de Mayo, de Blasco Ibáñez, e ilustra bien las contradicciones de un sistema en el que las sacrosantas leyes de la oferta y la demanda siguen cebándose, más de un siglo después, con los eslabones más débiles de la cadena.

¿Cuánto cuestan de verdad esos vaqueros por los que hemos pagado menos de 20 euros? ¿Qué hay detrás de los seis euros que nos ha costado esa camiseta? ¿Por qué tanta ropa que compro en España, de marcas españolas o europeas, lleva el típico «Made in Bangladesh» o «Made in Pakistán» en la etiqueta?

Ha hecho falta una tragedia con más de 600 muertos y el efecto multiplicador que las redes sociales dan actualmente a las noticias para que nos paremos a reflexionar y nos planteemos estas preguntas, aunque solo sea por unos días, o por unas semanas, que es lo que suele durarnos la conciencia social,más dependiente de imágenes frescas y grandes titulares que de las frías cifras.

El derrumbe en Bangladesh de un edificio que albergaba varias fábricas textiles en las que unas3.000 personas habían sido obligadas a seguir trabajando, pese a que la policía había advertido un día antes de la existencia de grietas en las paredes, ha dado visibilidad a un problema que hunde sus raíces en los cimientos mismos del sistema de división internacional del trabajo en el que vivimos. Porque, en definitiva, esas fábricas, donde los empleados cumplen agotadoras jornadas de trabajo por salarios miserables, existen solo porque nosotros, con nuestra demanda, lo permitimos. El supuesto rostro humano con el que, cada vez menos, aliviamos las durezas del capitalismo salvaje en Occidente no es, en muchas partes del planeta, más que una ilusión.

La ecuación es sencilla y no tiene ningún misterio. A las empresas de ropa (como a tantas otras en tantos otros sectores) les sale mucho más barato elaborar sus productos en países donde el gasto que supone pagar a los trabajadores es mínimo. En Bangladesh, por ejemplo, la paga media de estos empleados son 38 euros mensuales, equivalentes a un salario mínimo que está entre los más bajos del mundo. Ello permite a las firmas bajar los precios en los puntos de venta hasta niveles que, de tener que cargar con los costes de los salarios, los impuestos y las condiciones de seguridad laboral del primer mundo, no resultarían «competitivos».

La fórmula se completa con otros dos factores igualmente importantes: Por un lado, por muy bajos que sean los salarios que las empresas de ropa pagan en el tercer mundo, éstos suelen ser mayores que la media allí. En contextos donde además existe un desempleo endémico,siempre habrá personas dispuestas a trabajar. Por otro lado, los consumidores occidentales demandan, obviamente, ropa barata, y son muy pocos los que que, especialmente en estos tiempos de crisis, están dispuestos a pagar más o a mirar la etiqueta de una chaqueta antes de comprarla.

Al final, las empresas salen ganando, los consumidores del primer mundo salen ganando, y los trabajadores del tercer mundo salen también ‘ganando’, teniendo en cuenta que no tienen muchas opciones mejores de supervivencia. Hasta que se derrumba un edificio, mueren cientos de personas y entonces se hace evidente que algo no funciona.

Un dilema falso

El problema de fondo es asumir que el único modo de que haya ropa barata es que ésta se produzca en condiciones indignas. En una economía de mercado todo es relativo, y la última palabra la tiene siempre el consumidor, por más que su comportamiento esté condicionado por el bombardeo de la publicidad, las posibilidades que dan los sistemas de crédito o la caducidad programada de los bienes que adquiere. Bastaría, en principio, con no comprarropa proveniente de países donde sabemos que las condiciones de trabajo son inhumanas, más propias del siglo XIX que del XXI. Sin embargo, la única alternativa parece ser comprar ropa más cara, y eso no resulta sencillo para tantas familias (cada vez más) a las que les cuesta un mundo no ya llegar a fin de mes, sino llegar incluso a la semana siguiente.

Una respuesta a este teórico dilema es ser conscientes de que el consumidor tiene voz además de dinero. Como explica Ellen Ruppel Shell, autora del libro Cheap: The High Cost of Discount Culture (Barato: El alto costo de la cultura del descuento), publicado en 2009, «la forma más fácil que tienen las empresas de ropa de minimizar sus costos de producción es reducir los costes laborales, pero si los consumidores protestan y exigen con la fuerza suficiente, las empresas acabarán pagando mejores salarios y mejorando las condiciones de trabajo». En un mundo tan interconectado y expuesto como el actual, las empresas cuidan al máximo su imagen y el daño producido por una campaña negativa puede ser muy importante.

Tal vez bastaría con empezar haciendo preguntas. Muchas páginas web de empresas de ropa tienen apartados sobre sostenibilidad y sobre sus compromisos con el trabajo digno, en las que aseguran que inspeccionan regularmente sus fábricas. Pero no suelen decir, por ejemplo, qué es lo que encuentran en esas inspecciones, o qué hacen al respecto.

La otra solución, la más efectiva, es, no obstante, más complicada, porque reside en la parte de las compañías: ¿Se llevan sus fábricas al tercer mundo para abaratar costes o lo hacen para aumentar más aún sus beneficios? Kevin Thomas, director de la ONG Red de Solidaridad de las Maquiladoras, lo tiene claro: «Cuando una empresa realiza mejoras en sus condiciones laborales, o incluso en sus salarios, el coste real en el producto final es de apenas unos centavos, no es algo que pueda preocupar a los consumidores. Lo único que hace falta es que las compañías renuncien a parte de sus enormes ganancias y se aseguren de que están haciendo las cosas bien», indica en una reciente entrevista al diario canadiense The Globe And Mail.

Según el sindicato internacional europeo IndustriALL, el coste laboral de una camiseta fabricada en Bangladesh que se vende a 20 euros es de 1,5 céntimos.

Estas son, en preguntas y respuestas, algunas de las principales claves del negocio de la ropa barata y del accidente que lo ha puesto, como pocas veces antes, al descubierto.

¿Qué ha ocurrido en Bangladesh?

El pasado 24 de abril se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza, un inmueble dedicado a la producción textil, situado en un parque industrial (Zona de Procesamiento de Exportaciones, o EPZ, por sus siglas en inglés) de Savar, una localidad cercana a Dacca, la capital del país. En el momento del colapso trabajaban en el edificio cerca de 3.000 personas,que habían sido obligadas a acudir a sus puestos, a pesar de que las autoridades habían advertido el día anterior de la existencia de grietas en las paredes. Hasta este domingo habían sido rescatadas con vida 2.437. El número de muertos, que crece constantemente según van avanzando las tareas de desescombro, era ya de 610. La tragedia, la mayor catástrofe industrial de la historia de Bangladesh, ha conmocionado al país.

¿Por qué se derrumbó el edificio?

El origen del derrumbe parece hallarse en cuatro generadores situados en el techo del inmueble y en la maquinaria industrial. Según explicó el funcionario del Ministerio del Interior de Bangladesh que dirige la investigación, el peso y las vibraciones de los generadores de electricidad crearon una gran presión sobre la estructura del edificio, ya de por sí en mal estado y debilitada por el uso prolongado de maquinaria pesada, que acabó cediendo. El edificio, además, tenía nueve plantas pese a contar con permiso solo para cinco, estaba diseñado para un uso comercial, y no industrial, y construido con materiales de «muy poca calidad».

Como recuerda la ONG Oxfam, el problema es la existencia de un sistema que permite que miles de trabajadores arriesguen a diario sus vidas en edificios inseguros, durante largas horas y a menudo en condiciones terribles y con salarios miserables. Pero, en este caso, la culpa hay que buscarla, también, más allá de la industria de la confección: «En Dacca prolifera la construcción de edificios altos, y el 90% de estos inmuebles, según admite el propio primer ministro, no se construye respetando las normas locales, y muchos menos las normas internacionales, a pesar de que Bangladesh es un país de alto riesgo sísmico», indica la ONG.

¿Ha habido alguna detención?

Las autoridades han detenido al dueño del inmueble -vinculado al partido gobernante en Bangladesh-, a varios propietarios de talleres textiles y a ingenieros municipales. Un empresario español, David Mayor, está bajo orden de búsqueda y captura.

¿Qué empresas tenían talleres en el inmueble?

Las compañías multinacionales Primark, El Corte Inglés, Bon Marché y Joe Fresh han confirmado que producían en alguna de las empresas locales implicadas en el siniestro. Otras, como Mango, habían hecho pedidos de prueba en los talleres.

¿Cómo han reaccionado tras la catástrofe?

La compañía canadiense Loblaw, una de las mayores cadenas de supermercados de Canadá, aseguró que compensará a las familias de las víctimas que trabajaban para uno de sus proveedores en el edificio que se derrumbó. Una de las empresas de Loblaw, la marca de ropaJoe Fresh, producía productos en uno de los talleres situados en el inmueble. Además, la cadena irlandesa de ropa Primark anunció también que indemnizará económicamente y prestará ayuda alimentaria de emergencia a las víctimas del derrumbe.

En España, El Corte Inglés ha anunciado un plan de ayudas para compensar a las víctimas y los familiares de los fallecidos, que se canalizará a través de ONG locales. La empresa indicó asimismo que está desarrollando un proyecto de coordinación internacional con otras empresas para dar soporte a largo plazo a las víctimas, y afirmó que ha iniciado las indagaciones oportunas, «determinando que hubo relación comercial con una de las cuatro fábricas afectadas, donde se había producido un número reducido de prendas».

Por su parte, Mango publicó una nota en su página de Facebook en la que puntualiza que la empresa Phantom, una de las propietarias de las fábricas textiles ubicadas en el edificio Rana Plaza, no es proveedora de la firma, y apunta que tenía previsto realizar unas muestras para diferentes líneas de la compañía que todavía no se habían iniciado.

¿Cómo han reaccionado en Bangladesh?

Cientos de trabajadores bangladeshíes se manifestaron este viernes en protesta por las circunstancias que hicieron posible la tragedia, y también para exigir la pena de muerte para los propietarios de los talleres y del edificio. La manifestación acabó de forma violenta, al producirse enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Por otra parte, el Gobierno de Bangladesh pidió este sábado a la Unión Europea que no sancione a su industria textil. La UE, que da trato preferencial a Bangladesh en este sector, había amenazado con tomar medidas de castigo para obligar al Gobierno a que mejore la seguridad de los trabajadores. «Si la UE o cualquier otro comprador endurece la regulación del comercio con Bangladesh, la economía del país se verá afectada y millones de trabajadores perderán su empleo», declaró el principal funcionario civil del Ministerio de Comercio de Bangladesh, Mahbub Ahmed.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enviará una delegación a Bangladesh para analizar sobre el terreno lo ocurrido y reclamar una acción «urgente» a las autoridades locales.

¿Cómo es la industria textil en Bangladesh?

El sector textil supone el 78% de las exportaciones del país (unos 20.000 millones de euros), y representa el 17% de todo su Producto Interior Bruto (PIB). La industria textil da trabajo a tres millones de personas, la mayoría de ellas, mujeres. Los principales receptores de la ropa que se confecciona en las fábricas bangladeshíes son Europa y Estados Unidos.

Bangladesh no ha firmado las principales convenciones de la OIT. Según cifras de este organismo, en 2011 el país contaba solo con 93 inspectores para casi 25.000 fábricas en todo su territorio. El coste salarial por hora es, además, el más bajo del mundo: 0,32 centavos.

Bangladesh es uno de los países más pobres del planeta. Más de un tercio de la población vive con menos de un dólar al día, nivel considerado el umbral de la pobreza extrema.

¿Cómo funcionan las EPZ?

Las Zonas de Procesamiento de Exportaciones (EPZ, por sus siglas en inglés) fueron creadas en los años ochenta para impulsar las exportaciones, aumentar el crecimiento económico y crear empleo en áreas deprimidas. En estas zonas de libre comercio se eliminan algunas debarreras comerciales como los aranceles y las cuotas, y se reducen los trámites burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. El sistema de trabajo es intensivo, e involucra la importación de materias primas o componentes, y la exportación de productos de fábrica.

La mayoría de las zonas de libre comercio están ubicadas en los países empobrecidos, o en zonas empobrecidas de países en desarrollo, entre ellos, Brasil, Indonesia, El Salvador, China, Filipinas, Malasia, Pakistán, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Kenia, Madagascar o el propio Bangladesh.

Junto a las fábricas textiles asiáticas, las maquiladoras de Centroamérica y, sobre todo, del norte de México (junto a la frontera con Estados Unidos), son el otro gran ejemplo de este tipo de producción.

¿Qué otras tragedias recientes ha habido?

Un reciente informe elaborado en el marco de la campaña Ropa Limpia, en la que organizaciones no gubernamentales y sindicatos investigan y denuncian la situación de los trabajadores textiles en todo el mundo, indica que entre 2006 y 2009 murieron al menos 414 trabajadores de este sector en al menos 213 incendios ocurridos en fábricas de Bangladesh. Desde 2009, informa eldiario.es, al menos otros 165 han muerto en cuatro incendios de grandes fábricas que producían para marcas internacionales.

En noviembre del año pasado, al menos 120 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en un incendio registrado en una fábrica textil cercana también a Dacca. El fuego se declaró en una fábrica de ocho plantas de la empresa Tazreen Fashion, situado asimismo en una EPZ. La tragedia más grave anterior a ésta se produjo en febrero de 2006, cuando otro incendio, esta vez en la fábrica textil KTS,situada en las afueras de Chittagong, en el sureste del país, causó al menos 50 muertos.

En febrero de 2010 otro incendio en la fábrica de ropa Garib y Garib, en Gazipur (también en Bangladesh), dejó 21 muertos y más de 50 heridos, y en diciembre de ese mismo año otro incendio en una fábrica textil del grupo Ha Meen, a las afueras de Dacca, causó al menos 22 muertos y un centenar de heridos.

Bangladesh no es, en cualquier caso, el único país que ha sufrido estos accidentes. En septiembre de 2012 un incendio en unos talleres de confección textil, declarado en la segunda planta de un edificio en la localidad de Yegórievsk, en la región de Moscú (Rusia), causó la muerte de catorce inmigrantes vietnamitas. Ese mismo mes, un incendio provocado por un cortocircuito en un generador eléctrico arrasó una fábrica de material textil en Karachi (Pakistán), en la sede de Ali Enterprise, y causó al menos 280 muertos en el peor siniestro industrial de la historia de Pakistán. Y tres meses después fallecieron catorce mujeres en un incendio, al parecer provocado, declarado en una fábrica de lencería de la ciudad china deShantou.

El 26 de enero de 2013, un incendio en la fábrica textil de Dacca Smart Export Garments,también en Dacca, ocasionó la muerte de siete empleadas locales. En esta empresa, que no estaba registrada en la Asociación de Manufactureros y Exportadores de Artículos de Punto de Bangladesh, y no estaba autorizada a trabajar para Inditex, aparecieron etiquetas de sus marcas de ropa Bershka y Lefties. Por ello, el grupo español rompió sus relaciones mercantiles con el proveedor español Wonnover Bangladesh y su subcontratista Centex.

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?

La llamada RSC es el concepto que resume los compromisos éticos y sociales que deciden adoptar las empresas. El proyecto que representa el llamado Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa define sus principios como «una forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el  ámbito social, laboral, medioambiental y de  derechos humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto».

Según informa El País, las grandes empresas españolas de la confección, Inditex y Mango,sostienen que solo trabajan con plazos y volúmenes razonables, y que está «tajantemente prohibido» que sus proveedores subcontraten sin permiso. Pero también es cierto, añade el diario, que los fabricantes, agobiados por los plazos, «subcontratan con tal de cumplir con el pedido, como ha quedado al descubierto en varias tragedias».

¿Sirve de algo?

Los expertos destacan que la situación ha mejorado en los últimos años, pero también que aún queda mucho por hacer. El mencionado informe de la campaña Ropa Limpia indica, en este sentido, que aunque muchas empresas realizan auditorías y presentan certificados, la información que proporcionan sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de seguridad y sanitarias en sus fábricas, no es fiable. Además, las ONG, los sindicatos o las asociaciones de mujeres, no son siempre escuchados en esas auditorías. Y en muchas ocasiones, denuncia el informe, los jefes de las fábricas presionan a los trabajadores antes de que sean entrevistados por los auditores para que den información falsa.

En declaraciones realizadas a eldiario.es, Eva Kreisler, una de las responsables de la campañaRopa Limpia, indica que «es una industria muy opaca, en muchos casos es imposible saber cuál es su volumen de producción en el país. Hace falta hacer públicas las listas completas de proveedores y el resultado de las auditorías sociales. Si, por ejemplo, dicen que hacen auditorías sociales, pero no revisan los edificios, ¿cómo pueden situar allí su producción sin saber si es un lugar seguro?».

¿Qué empresas están mejorando?

Nueve organizaciones de consumidores europeas, entre las que se incluye la española Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han recopilado una gran cantidad de información procedente de las propias empresas textiles y de fuentes independientes, como ONG e institutos de investigación, con el objetivo de valorar el nivel de responsabilidad social de algunas de las cadenas de venta de ropa más conocidas de Europa.

Según indica la OCU, la práctica de subcontratar la producción en países en desarrollo estágeneralizada en todas las empresas, «pero mientras que algunas han desarrollado códigos de buena conducta para sus proveedores y se ocupan de que se pongan en práctica, otras se desentienden de lo que ocurre en sus cadenas de producción, tanto desde el punto de vista social como medioambiental».

Los resultados de este estudio, publicado por primera vez en 2007, indican que cadenas como la sueca H&M, o la española Mango «muestran una mayor preocupación por estas cuestiones y están empezando a disponer los medios para mejorar, aunque siguen sin tener un buen control de sus proveedores y de objetivos medioambientales cuantificados». Adolfo Domínguez, Springfield, Zara y C&A «han hecho progresos, pero aún podrían mejorar», mientas que Benetton, Celio y Promod, afirma la OCU, «no están tomando apenas ninguna medida para garantizar que su ropa se ha fabricado de forma responsable».

¿Qué pasa con las leyes del país?

En Bangladesh los mecanismos de inspección para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo son sumamente deficientes. Según denuncia Human Rights Watch, el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo, encargado de supervisar que los empleadores cumplan con la Ley de Trabajo de Bangladesh, presenta «una falta de recursos crónica». Y cuando los pocos inspectores disponibles advierten infracciones, las multas que se fijan en virtud de esta norma «son insuficientes para instar a los empresarios a cumplir las reglamentaciones». Si bien la ley prevé penas de prisión para quienes vulneren las normas sobre salud y seguridad laboral, en general las infracciones solo dan lugar a la aplicación de multas de aproximadamente 13 dólares (cerca de 10 euros) por caso.

En junio de 2012, funcionarios del Departamento de Inspección señalaron a Human Rights Watch que consideraban prioritario mantener buenas relaciones con los gerentes de las fábricas, lo cual, según esta organización, implica que es habitual que se avise a los talleres anticipadamente cuando está previsto realizar una inspección. Un subjefe de inspectores explicó al respecto: «Intentamos siempre mantener buenas relaciones con el sector gerencial. Normalmente les avisamos antes [sobre una inspección]. A veces les enviamos una carta, y en otras ocasiones nos comunicamos telefónicamente si tenemos el número».

«El 50% de las fábricas están funcionando con parámetros que no son seguros», declaró la BBCMainuddin Khondker, un funcionario del Gobierno de Bangladesh que encabezó un grupo especial de inspección de fábricas de ropa. Khondker admite que todavía no se ha sancionado a ninguna fábrica por violar reglas de seguridad o las normas de los edificios. «El Gobierno dijo hace dos años que tomaría medidas para mejorar la seguridad en las fábricas, pero nunca cumple sus promesas», denuncia por su parte Scott Nova, director ejecutivo del grupo por la defensa de los trabajadores con sede en Washington, Worker Rights Consortium.

¿Deberían irse las empresas de estos países?

Tras las recientes tragedias ocurridas en la industria textil de Bangladesh, varias empresas han anunciado que cerrarán sus fábricas en el país. Entre ellas, Walt Disney, la compañía con mayor volumen de ventas a través de licencias del mundo (aunque solo el 1% del total están en Bangladesh), que, según informó The New York Times, anunció su salida a principios del pasado mes de marzo, tanto de Bangladesh como de Pakistán. El anuncio de Disney llegaba dos días después de que directivos de dos docenas de empresas de ropa de venta al pormenor, incluyendo Walmart, Gap, Carrefour y Li & Fung, se reuniesen cerca de Frankfurt con representantes del Gobierno alemán y de varias ONG para tratar de negociar un plan único de seguridad aplicable a las fábricas de Bangladesh.

Sin embargo, las ONG que trabajan sobre el terreno en el país asiático no creen que la salida de las empresas occidentales (o el boicot a los productos elaborados en estas fabricas) sea la mejor opción. Lo deseable, argumentan, es que se queden, que ofrezcan empleos y salarios dignos, y que presionen al Gobierno para que las leyes locales se cumplan.

¿Hay alguna propuesta concreta?

Sí. Tras constatar que «el colapso del edificio Rana Plaza destaca una vez más el fracaso de los programas de auditoría social de las empresas», Ineke Zeldenrust, de la campaña Ropa Limpia, indica que «las marcas ya no pueden justificar la demora en la firma del llamadoBangladesh Fire and Building Safety Agreement» (acuerdo para la seguridad ante los incendios y en los edificios de  Bangladesh).

Este programa, elaborado por sindicatos de Bangladesh y sindicatos mundiales y organizaciones de derechos laborales, exige que se realicen inspecciones independientesen las fábricas proveedoras, información pública y transparente, capacitación y ensayos en caso de accidentes como incendios o derrumbes, y que las reparaciones y renovaciones de licencias sean obligatorias.

El plan incluye también mayor poder para los sindicatos, tanto en la supervisión y como ejecución del acuerdo, incluida la creación de comités de seguridad compuestos por personas trabajadoras. También se tiene en cuenta la necesidad de contratos de proveedores con una buena financiación y que fijen unos precios justos, y un contrato vinculante para que se cumplan estos compromisos.

«Los trabajadores necesitan una solución estructural, no una solución rápida. Esta falta de una acción inmediata y contundente para afrontar este tipo de problemas equivale a unanegligencia criminal», añade Zeldenrust.

Fuente: http://www.20minutos.es/