¿Argentina respeta la libertad de expresión?

A través de un informe que anualmente realiza el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, nuestro país cumple «con excepciones» con esa normativa establecida por la Constitución Nacional.

El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, mencionó el respeto del Gobierno argentino en materia de libertad de expresión y de prensa, al publicar el reporte anual que elabora sobre las “prácticas de Derechos Humanos” en el mundo.

En lo referido al apartado de libertad de expresión, el informe del organismo estadounidense destaca que en lo referido al primer punto se advierte que “generalmente” y “con excepciones”, la Argentina respeta la libertad de prensa establecida por la Constitución Nacional.

Sin embargo, los fundamentos de este análisis se basan en la reproducción de denuncias formuladas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -entidad que agrupa a empresas periodísticas de la región-, acerca de una supuesta “conflictiva relación que el Gobierno tiene con la censura indirecta de ciertos medios”.

Precisamente, en el apartado sobre el “status de la libertad de expresión y de prensa”, sostiene textualmente que “los periódicos independientes, medios de radio y televisión y sitios de internet, fueron numerosos y activos, expresando una amplia variedad de visiones”, mientras que los “medios de comunicación privados, fueron independientes de los gobiernos nacional y provinciales”.

Más adelante, en el punto sobre “censura y restricción de contenidos”, el documento apunta que en el 2011 “los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no publicaron la información completa acerca del monto y destino de la pauta oficial”, y menciona “la preocupación” de la SIP y “otras organizaciones” por la “relación conflictiva con el gobierno”.

El informe también hace mención a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, resaltando que el gobierno “buscó limitar lo que consideró ser prácticas monopólicas en la industria de medios a través del artículo 161 de la ley de Medios de 2009, la cual reduce el número de licencias de radiodifusión a un individuo o compañía que puede tener de 24 a 10”.

El compendio recuerda que el artículo “permaneció suspendido durante el año esperando una resolución de la Corte Suprema sobre una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín en 2010”, en referencia a la reciente resolución de la Corte que fijó el 7 de diciembre próximo como fecha de vencimiento de la cautelar que suspendió el artículo 161 de la Ley.

En ese marco, el informe se hace eco de las denuncias planteadas por el medio, al señalar que “la implementación de la ley, podría forzar al Grupo Clarín a vender muchos de sus 200 medios en el país”. Por otro lado, en materia del respeto a la integridad de las personas, señaló que las autoridades nacionales “continuaron investigando y procesando a personas implicadas en desapariciones, asesinato y torturas” ocurridas durante la última dictadura militar, mientras que expresa que “nuevas investigaciones emergieron durante el año”.

Las autoridades argentinas, precisa el informe, “continuaron investigando casos de secuestro y adopción ilegal de niños nacidos de disidentes detenidos por parte de miembros de la ex dictadura militar, siendo que la organización Abuelas de Plaza de Mayo reportó la identificación de tres personas adoptadas ilegalmente, incrementando a 105 el número de individuos identificados en 2011”.

A su vez, expresó en lo referido al rol de la policía y de las fuerzas de seguridad, que el gobierno “respetó en general las prohibiciones” que establece la ley sobre arrestos y detenciones arbitrarias. “Miembros de las fuerzas de seguridad condenados por un delito fueron objeto de severas sanciones”, mientras que “oficiales acusados de delito fueron suspendidos administrativamente hasta la terminación de la investigación” siendo que “las autoridades investigaron y, en ciertos casos, detuvieron, procesaron y condenaron a los oficiales involucrados”, subrayó el informe del Departamento de Estado.

En lo referido al tráfico de personas para el último año, el organismo encabezado por la Hillary Clinton, sostiene que el gobierno argentino “está haciendo esfuerzos significativos” para cumplir con los estándares para su eliminación. En ese marco, durante el último año “el Gobierno identificó un número record de víctimas del tráfico de personas, incluyendo muchas víctimas de trabajo forsozo”, al tiempo que “incrementó los enjuiciamientos y condenas de traficantes de personas”.

A nivel general, al analizar la actitud del gobierno respecto a investigaciones internacionales y no-gubernamentales sobre supuestas violaciones de Derechos Humanos, concluyó que una “gran variedad de grupos domésticos e internacionales” dedicados a la materia “operaron generalmente sin restricciones del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos”.

Fuente: http://www.cronica.com.ar/