Tras una larga investigación y 20 allanamientos, la Justicia desbarató una organización que operaba desde una «cueva» situada en la zona más cara de la Ciudad. Detalles de la estructura que incluía a un jubilado y gente sin recursos
La fachada parecía no tener fisuras y auguraba un éxito sin caducidad a corto plazo. Sin embargo, una jugada demasiado arriesgada provocó el derrumbe de una organización que realizaba operaciones financieras ilegales de una manera que asombra.
La cabeza de la estructura era Pablo Rippel, un jubilado que reside en Puerto Madero, vinculado a una operatoria millonaria en cuentas bancarias de unas 40 sociedades en las que las mismas personas se alternaban en diferentes cargos.
El dato más increíble es que esas sociedades estaban integradas por indigentes que –luego se descubriría– viven en barrios carenciados del Conurbano, cuyo nivel de vida no se condice con los millones que movían las entidades de las que presuntamente eran propietarios.
La operatoria era la de cambio de cheques realizados por entidades con exenciones impositivas, que –cuenta el diario Clarín– luego ingresaban al mercado legal a través de Miraflores Sociedad de Bolsa.
El derrumbe
Todo comenzó a desmoronarse en el mes de agosto, cuando una mujer quiso retirar dinero de una cuenta en el Banco Nación con un documento falso. Fue el principio del fin.
Entonces comenzó una ardua investigación que incluyó allanamientos en tres de los edificios más representativos de Puerto Madero: Mulieris, Chateau y El Faro.
Un primer informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, señaló que la organización movió 200 millones en el último semestre.
A partir del análisis por parte de la UIF, y la información obtenida del análisis de otros Reportes de Operaciones Sospechosas, permitió seguir la ruta del dinero y llegar a quienes estarían atrás de esta estructura de lavado de activos, ubicados principalmente en Puerto Madero, que comprende a compañías aseguradoras que se utilizan como pantallas para el lavado de activos, sociedades de bolsa y cooperativas.
Ante esta situación, el juez federal Luis Rodríguez ordenó el bloqueo de varias cuentas bancarias y nadie reclamó por ellas, pese a que había un millón de pesos en juego.
El Juzgado interviniente dispuso 22 nuevos allanamientos, los cuales se realizaron con la colaboración de la UIF, y permitieron el secuestro de importante documentación y de un gran volumen de dinero en efectivo y de cheques vinculados a la causa.
Hasta el momento la causa tiene más de 40 imputados, pero de momento no hay detenidos.
Fuente: http://www.infobae.com/